El drama de enterrar a un hijo decapitado en rebelión

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Policiais do Batalhão de Choque invadem a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do NorteAndressa Anholete/AFP/Direitos Reservados

La masacre en la prisión de Alcaçuz el pasado 14 de enero, que dejó al menos 26 muertos.Andressa Anholete/AFP/Direitos Reservados

La masacre en la prisión de Alcaçuz el pasado 14 de enero, que dejó al menos 26 muertos, expuso problemas en el sistema penitenciario, el dolor de la pérdida y cuestionamientos de las familias de las víctimas. Agência Brasil escuchó historias de aquellos que perdieron hijos, esposos, primos y amigos. Uno de los dramas que enfrentan es el de enterrar los cuerpos decapitados.

Cansada, agotada, la ama de casa Eliene Pereira, de 45 años, vive en Santa Cruz, ciudad a unos 120 km de Natal, y tuvo que ir a la capital por tres días consecutivos para reconocer el cuerpo decapitado de su hijo Diego Felipe Pereira da Silva, de 25 años. Le recomendaron esperar por la búsqueda de la cabeza. El viernes (20), recibió una llamada anunciando el cambio.

“Llegué y reconocí el cuerpo, que había visto solamente por imagen. Abrieron la bolsa y vi que era él mismo, mi niño. Sin la cabeza.” Y así llevó el cuerpo de su hijo. “Yo quería verlo, ver sus piernas, brazos. A pesar de que no tenía la cabeza, yo quería ver la realidad”, desahoga Eliene.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la funeraria recomendó que no se realizara funeral y se lo enterrara tan pronto como fuera posible, sin despedidas, por la noche, sin familia ni amigos. Aun así, la madre lo llevó a su casa por la última vez. “Mi hijo pasó un año fuera. Saldría en marzo”, dijo hace una semana. “Es muy difícil enterrar a un hijo sin cabeza.”

La esposa del preso M.P.S.N., muerto a los 22 años, prefirió mantener el anonimato y tampoco vio el cuerpo de su marido, sino tan solo imágenes. “Yo no quería que fuera de esa manera, pero creo que el sufrimiento será mayor si no lo entierro”, dijo ella, una estudiante universitaria.

Su marido fue detenido por dos crímenes. Primero, tras robar una motocicleta, estuvo en el régimen semiabierto. Después fue detenido de nuevo por el robo de un celular y migró al régimen cerrado. Saldría a finales de año, según la esposa. “La família ya habíamos planeado todo para cuando él saliera. Habíamos acordado que él volvería a estudiar. Habíamos hablado con amigos para que le consiguieran un trabajo”, recuerda.

Ahora, la viuda dice que el futuro es incierto. “Todo lo que yo tenía planeado era vivir con él.”

No todos pertenecían a facciones

Además del dolor de la pérdida, todos se quejan de la omisión del Estado, de una posible facilitación del ataque y del juicio de la sociedad. Muchas familias relatan que, entre los muertos en la prisión, no todos estaban vinculados con la facción Sindicato del Crimen del RN, que controla el pabellón 4 y es el rival de la facción Primer Comando de la Capital (PCC).

“No todos los que murieron eran miembros de este grupo criminal. Muchos estaban allí solo cumpliendo su condena para salir, luchar contra todo ese sistema y tratar de recuperarse. Porque los medios no divulgan lo que decimos, sino tan solo lo que la sociedad quiere ver. Porque, para todos, los que murieron eran marginales, bandidos. Dicen que bandido bueno es bandido muerto, excepto si es su hermano, su marido, su primo”, dijo la esposa de M.P.

La madre de Diego cuestiona por qué su hijo fue trasladado a Alcaçuz. Él había sido detenido por el robo de un bolso. Cumplió un año en la cárcel de Santa Cruz hasta ganar el derecho al régimen semiabierto. Estuvo tres noches durmiendo en el centro de detención; el miércoles, anunció que se quedaría en casa para, según la madre, estar cerca de la familia. “Después de un mes le buscaron y le llevaron a un rincón como aquel, peligroso, Alcaçuz.” Ella cuenta que su hijo “nunca vendió drogas, nunca mató a nadie, no tenía ninguna facción.”

Diego también avisaba a la madre había meses que la situación era tensa y que había la amenaza de invasión del edificio por miembros del PCC. “Él dijo, ‘mamá, está todo un lío aquí, PCC quiere invadir y matarnos. Llores por mí, porque puedo no llegar a casa con vida'”, relata Eliene.

La Policía Civil del estado de Río Grande do Norte investiga cómo empezó la masacre y cómo los presos del pabellón 5 (presidio Rogério Coutinho Madruga) lograron llegar al pabellón 4. Para las familias, el estado tenía conocimiento del conflicto inminente y no lo detuvo. “Ciertamente, el gobierno es responsable. Debería haber seguridad allá. Mi hijo ingresó vivo y debería haber regresado vivo. El gobierno debería haberlo asegurado”, sostiene la madre de Diego.

Sin saber al cierto cuáles son sus derechos, pero decidida a luchar por ellos, Eliene buscará una indemnización. “Fue un hijo que perdí. Mi hijo. Fue un pedazo de mí. Tengo que tener derechos.”

Traducción: Leonardo Vieira

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